El desperdicio de alimentos es el centro de atención mientras España se prepara para una ley de reducción de residuos de 2023

En 2020, los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kg de alimentos, una media de 31 kg por persona. Según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esto supone una pérdida económica de 250€ por persona.

El Gobierno quiere hacer frente a lo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha calificado como la «ineficiencia» de la cadena alimentaria, que tiene consecuencias económicas, sociales y medioambientales.

Nuevos requisitos para que las empresas reduzcan los residuos

Para las empresas, la ley tiene varios pasos concretos. Los operadores y distribuidores de alimentos deben desarrollar programas para reducir el desperdicio de alimentos. Siguiendo una jerarquía de prioridades de uso, los supermercados deben reducir el precio de los alimentos a medida que se acerca su fecha de caducidad, donar los productos no vendidos a organizaciones benéficas de reciclaje, convertir los productos no utilizados en mermeladas y jugos o, como último recurso, en alimento para animales. Pide a los minoristas que publiquen filas de frutas y verduras «feas o imperfectas» y que promuevan productos de temporada, locales u orgánicos.

Los requisitos estarán respaldados por el régimen de sanciones. No disponer de un programa de despilfarro de alimentos es una ‘infracción grave’ con multas de hasta 60.000€.

Planas dijo que el proyecto responde a una ‘necesidad social’. Por un lado, ‘regula el uso de alimentos para el consumo humano’, apoya la donación y, por otro, ‘conciencia a la sociedad de la necesidad de reducir el desperdicio de alimentos’.

Pero, ¿va lo suficientemente lejos?

Enraisa Derechos, una ONG especializada en desperdicio de alimentos, cree que no.

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Reconoció que la reforma tenía varios ‘puntos críticos’, con el objetivo de reducir el desperdicio en todos los puntos de la cadena alimentaria. Sin embargo, la organización cree que no se pone suficiente énfasis en la prevención del desperdicio de alimentos. Al centrarse en la gestión de los excedentes, el reglamento no garantiza que «ningún alimento producido se desperdicie».

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